Al menos hasta las próximas elecciones legislativas, el país deberá abandonar cualquier esperanza de un boom de generación de empleo resultante de la prometida liberalización del régimen laboral. Tampoco luce probable que las Alianzas Público-Privadas, al ritmo que avanzan y dadas las circunstancias, logren concretarse ni hacer una gran diferencia en materia de empleo. No obstante, —en sintonía con la declaración del presidente Guillermo Lasso de que buscaría mejorar la situación laboral de los ecuatorianos sin pasar por la Asamblea— reducir la burocracia que entorpece a los sectores que más empleo generan, como la construcción, sería una gran contribución.
Se ha repetido hasta el cansancio: apenas poco más del 30% de la población económicamente activa del país tiene empleo adecuado. Solo la cuarta parte de este—7% del empleo total— se genera en el sector público, y una parte sustancial de su trabajo, en la práctica, resulta ser la justificación de su puesto al entorpecer el trabajo del sector privado. No solo obstruyen la generación de nuevo empleo formal por medio de obstáculos legales y normativos, sino que dificultan y encarecen la innovación y la producción privada, condenándolas a contemplar entre sus costos la interminable ‘tramitología’. El país termina no solo asumiendo el costo de mantener esa burocracia, sino también condenado a absorber el daño que genera a diario la necesidad de esta de inventarse trámites innecesarios para justificar su existencia.
El Gobierno Nacional y las autoridades locales comprometidas tienen herramientas a su alcance para reducir el ‘papeleo’ innecesario. Si la meta del éxito en el empleo es inalcanzable, este sí es un legado posible.