Los linchamientos no deben quedar impunes

En menos de dos semanas, el país ha vivido dos macabros linchamientos. En Guamote, provincia de Chimborazo, un sujeto al que la comunidad acusó de extorsionador fue públicamente torturado y después quemado. Este último fin de semana, en La Maná, provincia de Cotopaxi, una turba quemó vivo a un hombre e hirió de gravedad a otros dos, uno de los cuales también murió al cabo de poco en un centro de salud. Son dos episodios más en la larga estela de crímenes ‘por mano propia’ ya comunes en Ecuador.

Se podría ‘justificar’ la barbarie: indignación ciudadana, desconfianza en la Justicia, inoperancia de la Policía, soberbia de los criminales, etc. Sin embargo, quienes cometen semejantes atrocidades son iguales o peores que los supuestos delincuentes a los que dicen castigar. Puede que tan crueles escarmientos y asesinatos disuadan a algún criminal en potencia, pero también muestran a los testigos —jóvenes y niños entre ellos— que es lícito asesinar o lisiar a otro ser humano, sin un juicio justo, y de la forma más cruel.

La Justicia debe hacerse cargo de estos crímenes. Un acto de ‘justicia por mano propia’ es ilegal, ilegítimo y atenta contra el orden constituido. Encarna el contraste entre la ley del Talión y la Constitución, pero este no es un país salvaje y la Ley existe y debe aplicarse. Permitir expresamente que ciertos crímenes queden en la impunidad solo atenta contra el orden público. Es inconcebible que tras semejantes aberraciones no quede ni siquiera una verdad procesal sobre el hecho, las víctimas y los implicados. La ley es para todos y el Estado necesita volver a imponer orden y respeto.

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