Los atrasos amenazan seriamente a la economía

Conforme los atrasos en los pagos del Estado a proveedores siguen apiñándose, la ciudadanía empieza a sentir las consecuencias. La situación en la salud, donde las deudas pendientes por más de 400 millones de dólares significan cada vez menos derivaciones a centros privados y meses de espera para recibir atención, es una muestra de ello. De no darse un cambio, situaciones similares comenzarán a suscitarse también en otros ámbitos. La morosidad estatal, que a inicio del año rebasaban ya los 500 millones de dólares en bienes y servicios, significa ya una ruptura de la cadena de pagos y una convulsión que afecta a toda la economía.

El Estado —cuyo plan parece ser simplemente perpetuar los atrasos, pagando las deudas del pasado con las asignaciones de los proveedores del presente y con bonos— parece no entender que el sector privado no cuenta con el mismo margen de maniobra. Tradicionalmente, la economía ecuatoriana ha dependido en gran medida de los recursos que se bombean desde el sector público; si se rompe la cadena de pagos, el resultado puede ser una contagiosa secuencia de quiebras y desempleo.

Hay recursos, pero no prioridades claras. En medio de la dramática situación actual, el país sigue atorado en malas prácticas que han sido denunciadas por décadas, como el derroche en subsidios, ineficiencias y burocracia excesiva. Además, en lugar de priorizar los pagos al sector privado para mantener funcionando la economía, se favorece a los espacios políticos, como los gobiernos locales. 

Durante décadas, la política engordó al Estado para convertirlo en el mayor contratista, comprador y empleador. Mientras no exista decisión política para cambiar esto, la economía estará a merced del Gobierno y su voluntad de cumplir con sus obligaciones. Entre tanto, queda la necesidad de construir, a largo plazo, un sector privado menos dependiente del Estado.