Que los miembros del crimen organizado hayan alcanzado a Leandro “El Patrón” Norero, bajo las narices mismas del Estado, deja en claro que pueden alcanzar a quien sea.
A diferencia de lo sucedido con otros asesinatos de importantes convictos sentenciados por narcotráfico, como Óscar Caranqui —cuyo asesino confeso también apareció muerto hace pocas semanas— o Telmo Castro, el final de Norero se produce cuando su caso estaba lejos de esclarecerse a plenitud. Los indicios apuntaban a una estructura de un alcance perturbador, como varios actores políticos, lo señalaron: un botín que evidenciaba vínculos con redes internacionales de lavado de dinero de narcotráfico, con minería ilegal y acceso a importantes espacios de poder económico. Preocupaba también la cercanía que mantenía Norero tanto con macabros actores del crimen organizado como con individuos de estratos más acomodados, con vinculaciones económicas, judiciales y políticas. Iba a ser, además, uno de los potenciales candidatos a ser extraditado a los Estados Unidos si esa figura llegaba a incluirse en la consulta de febrero próximo. Su arresto y su enjuiciamiento, largamente preparado por las autoridades aunque también enfrentó trampas legales, amenazaba con revelar a la opinión pública la punta de un ovillo que ahora, por la inoperancia estatal, permanecerá enredado.
Su asesinato plantea dos cuestiones fundamentales: quién se beneficia y quiénes serán las próximas víctimas. Los funcionarios del Estado ecuatoriano y los políticos insisten en eludir responsabilidades, inventar pretextos y mirar al otro lado. ¿Aún creen que ellos sí están a salvo?