Esta campaña nos recordó las urgentes reformas que requiere el Código de la Democracia. De nada sirve esperar a estar a las puertas de un nuevo proceso. Le corresponde ahora a la ciudadanía exigir cambios porque la clase política jamás procederá, por sí misma, contra sus propios intereses.
En los últimos meses, el país observó impotente cómo pulularon candidaturas con financiamiento misterioso. Por vacíos legales y falta de claridad en la asignación de competencias –¿y voluntad?–, la Justicia y la Función Electoral no actuaron a tiempo.
Como siempre, vendrá el CNE tras la elección a patalear, cuando el daño a la democracia ya está hecho; se requieren reformas que detengan y sancionen desde un inicio a los infractores.
Tampoco se puede continuar operando con límites de gasto, financiamiento público y esquemas de control pensados para la política del siglo pasado. Se necesita un control real del origen del dinero utilizado en la calle, medios y plataformas; un financiamiento más libre, pero con minuciosa fiscalización.
Quizás sea el momento —en nombre de la legitimidad— de imponer requisitos más rigurosos para las candidaturas de Alcaldes y Prefectos, incluir una segunda vuelta o dividir los grandes distritos en varias alcaldías. Por último, se requiere un Tribunal Contencioso Electoral más transparente, resuelto y competente. Es intolerable que la máxima autoridad en tiempos de campaña haya hecho tanto por manchar su credibilidad, como aguantar la decisión sobre los derechos políticos de Jorge Yunda, en Quito, mientras se bajó de un tumbo a Yadira Bayas en Santo Domingo, a 17 días de las elecciones.
La democracia es perfectible, pero no se arreglará sola ni lo harán quienes lucran de ella.