El país se ha visto obligado esta semana a lidiar con lamentables episodios en los que la violencia de género ha sido la protagonista. Un excandidato a concejal fue condenado, por las autoridades electorales, a pagar una multa tras una ofensa en la que incurrió durante la campaña. Un programa noticioso de una plataforma digital debió salir del aire tras un exabrupto de uno de sus presentadores con una exasambleísta. Adicionalmente, siguen aflorando los detalles sobre la acusación por violación que enfrenta un exasambleista detenido.
El caso del excandidato demuestra que entre muchos ecuatorianos persiste el prejuicio de que la apariencia física es un factor a tener en cuenta al momento de evaluar el desempeño y la competencia profesional de una mujer. Evidencia también lo tolerado que es apelar al físico como una herramienta de agresión verbal en una discusión con una colega mujer, un trato que no se dispensa a hombres.
Lo sucedido con el exasambleísta, independientemente de que la Justicia determine que cae en el campo de lo ilegal o apenas en el de lo incorrecto, trae a colación la incómoda pero oportuna discusión sobre el comportamiento apropiado que deben exhibir hombres investidos de poder. Tal y como sucedió durante el juicio de un exfuncionario sentenciado, bajo la excusa del respeto irrestricto a la ‘vida privada’ se busca tolerar comportamientos que evidencian una concepción preocupante del poder, de las reglas y de las relaciones de género.
Es intolerable que temas como estos terminen sepultados tras un velo de indolencia mal disfrazada de hastío.