Resulta tentador creer que los problemas de toda una ciudad se reducen a un solo funcionario, pues la complejidad del Municipio de Quito hace tiempo rebasó a sus administradores.
Las empresas municipales, un modelo ensalzado por sus creadores como una garantía de eficiencia, son hoy un costoso lastre para la ciudad. Las autoridades electas no pueden fiscalizarlas, al encontrarse con barreras derivadas de un marco legal inconcebible. Desde la indefensión, los quiteños están atados de manos al ver que en la ciudad se hace y deshace sin que nadie tenga claro qué es lícito, qué lleva sobreprecio y quién vela por ello. La burocracia municipal es insostenible y justifica su existencia con un innavegable mar de trámites y trabas.
El Quito de hoy impone un desafío más complejo que el de hace dos o tres décadas, pues la administración de la ciudad creció divorciada de la realidad de sus habitantes. El resultado es una institución ajena, extemporánea y fuera de control que, bajo las circunstancias actuales, difícilmente podrá gestionarse con destreza.
No es difícil llegar a un consenso sobre la necesidad de una profunda reorganización de la ciudad en función de su nueva realidad. La cuestión es de dónde debe nacer dicho proceso.
El circo jurídico y mediático del alcalde Jorge Yunda es una distracción innecesaria ante los reales problemas de los quiteños. Parecería que la ciudad apenas espera un nuevo caudillo o la ayuda del Estado, cuando son sus habitantes quienes deben tomar ya la batuta.
FRASE DEL DÍA
«El conocimiento no es garantía de buen comportamiento político, pero la ignorancia es prácticamente una garantía de mal comportamiento.
Martha Nussbaum (1947), filósofa estadounidense