Mientras la economía nacional siga sumida en la informalidad en tan alto grado, Ecuador estará condenado a avanzar a ciegas. Del lado del Estado, poco podrán hacer las autoridades y los planificadores en tanto, como país, no se sepa ni siquiera el verdadero tamaño de nuestra economía o la ocupación de los ciudadanos; del lado de la gente, seguirá vedado el acceso al crédito y no se podrán articular políticas verdaderamente útiles si es que se insiste en operar sin pagar impuestos, sin bancarización y fuera del marco legal.
Poner fin a este caos requiere un esfuerzo de doble vía. El Estado, con un plan sostenido de liberalización laboral, tributaria y comercial, puede reducir los costos de la formalización, pero esto nunca se dará mientras no exista también una mayor conciencia ciudadana sobre sus beneficios. Una economía formal implica, sin duda, mayor recaudación y capacidad de control para el Gobierno, pero también —en lo que es uno de los puntales de un Estado— se supone que esos mismos recursos terminarán beneficiando, a una escala mucho mayor, a la ciudadanía, y que esa mayor supervisión permitirá plantear políticas más apropiadas. Si como sociedad no logramos superar ese falso dilema excluyente entre el sector privado y lo público, nuestra economía no alcanzará jamás su verdadero potencial.
La tecnología y la cooperación entre Estados permiten ahora al Gobierno, tanto a nivel interno como externo, llevar a cabo un control mucho más eficiente de la evasión y la informalidad. Ojalá que el aumento en recaudación que se derive de ello beneficie pronto a la gente y que, en paralelo, se den reformas liberalizadoras que fomenten la formalización.