Es cierto que, con el atractivo de las ciudades y con los desplazamientos humanos a consecuencia de la violencia, las metrópolis han crecido a expensas del campo.
Es cierto, igualmente, que los subsidios de los países industrializados tienden a desalojar del mercado mundial los productos agrícolas del Tercer Mundo, mediante precios artificialmente bajos. Es cierto, también, que la productividad por hectárea en otras latitudes, gracias a su capacidad económica, permite fertilizar las tierras y combatir las plagas, lo que constituye una ventaja adicional en la competencia por los mercados.
Lo obvio, entonces, es el abismo entre el crecimiento demográfico humano y la decadencia de nuestra producción agrícola. Y la pregunta es: ¿cuál es la razón de semejante desajuste? ¿Es la suma de todas las limitaciones anteriores, o hay de por medio otros factores que agravan nuestro déficit alimenticio, que asciende, según opiniones autorizadas, a más de 1.000 millones de dólares anuales?
Entre tanto, la dramática conclusión es la de que, en la actualidad, merced a los altos precios del petróleo, generamos las divisas, o contraemos las deudas para la importación de aquellos productos alimenticios y materias primas. Sin embargo, pronto careceremos de estos recursos y, por el contrario, lejos de suplirlos con la minería, tendremos que importar, también, combustibles, lo que aumentará geométricamente nuestro déficit.
La tradicional pregunta: ¿el poder para qué? Para ponerle remedio a este desequilibrio entre nuestros recursos y nuestras necesidades, por la carencia de una política agrícola que nos devuelva el autoabastecimiento de que antaño disfrutábamos. Tenemos la tierra, tenemos el agua, tenemos, mal que bien, las vías de comunicación y contamos con una mano de obra tan apta para la agricultura, como la más calificada del continente. Nos hace falta, y es lo que quiero poner de presente en estas líneas, un adecuado financiamiento del sector agropecuario.
Responsabilidad de regularizar y sistematizar el manejo de los recursos, y cuyo objetivo es el financiamiento de las actividades del agro.