La Corte Constitucional ha citado a las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). En esta ocasión, ni el presidente Alembert Vera ni ninguno de los vocales tienen de su lado los argumentos, la solvencia legal o el momento político necesarios para paliar la contraofensiva de la Corte. Lo más probable es que toda la desafortunada intentona de montar la veeduría ciudadana contra la CC llegue a su fin con el escarnio público de los vocales que, todo apunta, será dicha audiencia.
Es lamentable que el país se vea obligado a ser testigo de un encontronazo tan lamentable y engorroso como este, entre dos instituciones que, teóricamente, estaban llamadas a ser la más innovadora y elevada expresión del espíritu democrático, según los autores del diseño del Estado ecuatoriano actual. Como dice el dicho, se necesitan dos para bailar; es cierto que la audacia artera del Cpccs, de prestarse al teatro de la mala utilización de las acciones de protección, influyó, pero también el reciente comportamiento de la CC, adepto a la prestidigitación política y al malabarismo constitucional, creó la triste impresión de que semejantes procederes eran tolerables para medirse ante ella.
Por esta vez, lo más probable es que la CC salga indemne. Sin embargo, no puede olvidar que, desde ya, poderosas fuerzas conspiran a tiempo completo contra ella, pensando en cómo debilitarla hasta condenarla a la intrascendencia. Si es que quiere recuperar su aura de inviolable respetabilidad, debe, desde ya, retomar procederes técnicos y jurídicos, alejados de los cálculos y mareas de la política.