Siguen saliendo a la luz cifras y hallazgos que evidencian la injustificable indolencia estatal hacia las mujeres. Un nuevo estudio concluyó que 7 de cada 10 niñas en Ecuador carecen de información sobre la higiene íntima —debido al pénsum educativo— y que una de cada diez niñas y adolescentes —más de 500 mil personas— no tienen acceso a toallas sanitarias ni a tampones. Hace ya dos años, cuando se discutió en la Asamblea Nacional la Ley de Higiene Menstrual, se abrigó la esperanza de que esta situación podía remediarse; sin embargo, el país sigue aún a la espera de que los legisladores rescaten a dicho proyecto del limbo en el que se encuentra.
Se debe seguir exigiendo prioridades y eficiencia a las autoridades en su manejo de los recursos públicos y del tiempo. Hay inconsistencias que resultan intolerables. Mientras el país gastará este año al menos $9.500 millones en subsidios a combustibles —cuyas ineficiencias, además de costosísimas y contaminantes, alimentan el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal— se mezquinan los $150 millones, aproximadamente, que costaría garantizar la higiene menstrual de todas las ecuatorianas; menos si se los focaliza. De igual manera, la Asamblea Nacional derrocha semanas enteras en juicios políticos extemporáneos o polémicas intrascendentes, pero no da paso a leyes como esta que beneficiarían directamente a más de la mitad de la población.
No hay excusa para postergar y obstaculizar iniciativas que, por un costo muy reducido, solucionan problemas con graves consecuencias sociales y económicas que afectan a un inmenso porcentaje de la ciudadanía. Ojalá prime el sentido común.