El asesinato de la directora administrativa del Hospital Teodoro Maldonado, en Guayaquil, se suma al del gerente del Hospital Delfina Torres ayer en Esmeraldas y al de la directora de la cárcel de mujeres en esa misma provincia, hace pocos días, y en el que perdieron la vida dos de sus familiares —incluyendo una menor de edad—. Esta serie de atentados contra altos funcionarios de la administración pública son parte de la lucha sin cuartel que emprende el crimen organizado para defender sus espacios de poder. La ofensiva es doble, pues por cada asesinato logran renuncias y lealtades de los que quedan en pie.
Ya el año pasado, poco antes del violento paro de junio, el país escuchaba cómo las organizaciones criminales —que ya controlaban de ciertas instituciones— estaban detrás del desabastecimiento de varios hospitales. Entonces, también cayó asesinado el director administrativo del Hospital Delfina Torres.
Esto motivó una esperanzadora militarización del mayor hospital de Esmeraldas para garantizar el control de las bodegas y garantizar el suministro de medicamentos que, por el motivo que fuere, quedó en el limbo.
Es el momento de que el Estado retome la militarización y la cuidadosa fiscalización de los hospitales, tal y como en otras épocas se hizo con Petroecuador, puertos y otras áreas estratégicas. No debería resultar difícil dar con los beneficiarios de estos crímenes. Pero se requiere también, urgentemente, un sistema de protección y compensación para los funcionarios en situación de riesgo y sus familias. El Estado debe mostrarse ahora no solo fuerte, sino también leal.