Prejuicio. Odio. Falta de racionalidad. Eso es lo que ha quedado develado con uno de los últimos pedidos de la Fiscalía General del Estado.
Luego de dos años de investigación, la Fiscalía pidió el archivo del caso Flopec. Pese a todos los escándalos –políticos y mediáticos– no halló indicios de delitos en esta denuncia que involucraba a Guillermo Lasso y que fue impulsada por la exlegisladora correísta Mireya Pazmiño.
Entonces, la asambleísta correísta acusó al presidente de la República de tener responsabilidad sobre la firma de ciertos contratos entre la estatal Flopec y la empresa Amazonas Tanker para el transporte de crudo y que implicaba un gravísimo delito de peculado. Es decir, que Lasso habría tomado, para su beneficio, dinero público.
La denuncia, ahora sin sustento, incluso pasó el filtro de la Corte Constitucional. En marzo de 2023, jugando a la política, seis de nueve jueces constitucionales consideraron que la simple denuncia era suficiente para iniciar el juicio contra Guillermo Lasso.
Ese ataque político abrió la puerta a una etapa de inestabilidad que ha puesto en pausa a la economía y dio aliento a políticos que, sin pensar en las necesidades del país, buscaron primero golpear a su enemigo.
Lasso dijo en ese entonces que, con el caso Flopec, la denuncia y el juicio político, querían asesinar su reputación y la de su hogar. El tiempo y la justicia le dieron la razón.
Por ese ataque sin sentido, en un sistema político pusilánime, el país vivió la muerte cruzada, las dos últimas elecciones presidenciales y un golpe económico de incalculable dimensión.
Este episodio se cierra con un país que todavía intenta dejar atrás ese ataque a la institucionalidad por culpa de políticos ambiciosos e irracionales.