Se conoce por funcionario público a toda persona que ejerce un cargo legislativo, ejecutivo, judicial y administrativo en el Estado, ya sea por elección popular o por designación de autoridad competente. Conceptualmente diremos que es aquel que desempeña profesionalmente un empleo público, rodeado de mínimas cualidades de honradez, legalidad, lealtad, eficiencia y respeto; ni si quiera voy a pronunciar pulcritud, porque muchos de ellos no conocen ni han oído este término.
Como si no tuviera importancia, muchos de nuestros funcionarios públicos portan grilletes electrónicos, como medida cautelar dictada por los jueces, por habérseles formulado cargos en su contra, por delitos de peculado y otros. La formulación de cargos es el primer acto procesal formal acusatorio en contra del procesado, en virtud del que, el fiscal da a conocer al juzgador el cometimiento de un delito.
Escuché con asombro, cuando le colocaban el dispositivo electrónico al Alcalde de Quito, decir: “en mi vida he recibido muchos galardones, muchos premios, medallas, preseas, pero ésta es especial”. Sostener que el grillete es un galardón nos dice de la poca dignidad de un representante del pueblo soberano; en estas mismas condiciones hay otros funcionarios públicos con prohibición de ausentarse del país y presentación periódica ante el juez.
Hay elementos de convicción y pruebas que, con una buena defensa pueden ser desvirtuados, pero cuando se trata de hechos dolosos que dejan prueba documental, como entregas de dinero, las cosas se vuelven difíciles. Por supuesto que no se trata tampoco de que los defensores y acusadores sean de gran renombre; pues debemos entender que hay delitos que dejan huellas que no se pueden esconder, por efecto del cruce de información, y peor aun cuando tras de un político hay muchas personas que fiscalizan su actuación. A propósito de investigaciones, ¿qué pasará con los 61 asambleístas?; esto quisiera que conteste usted amigo lector, pues se dice que el pueblo es sabio.