El Caso Singue ha sido declarado nulo.
No hizo falta que la Justicia ahondara en consideraciones sobre si lo que hicieron los acusados fue correcto o no. Los elementales errores técnicos que cometió el Estado ecuatoriano en el proceso —tanto por medio de Contraloría como en el irrespeto a los plazos y procedimientos— bastaron para que, una vez más, el país se lleve la peor parte.
Los atropellos son evidentes. Una tarifa por barril, acordada con la empresa que manejaba el campo Singue, por encima de lo que dictaba “el mercado”; indelicadezas de quienes tenían a su cargo el manejo de dinero público, como el hecho de que el Ministro entregó el bloque a una empresa que, coincidentemente, tenía a su hija como gerente financiera; una formulación engañosa que privó al Estado de recibir ganancias extraordinarias; y, la subsiguiente cadena de arbitrajes internacionales que pagarán los ciudadanos.
Es vergonzoso que, además, sea la incompetencia -o complicidad- de los propios funcionarios del Estado, la que lo convierta en hazmerreír.
En casos como este, el Estado ecuatoriano se enfrenta a adversarios de alto calibre. Estos cuentan con los mejores abogados —con abultado historial de doblegar al Estado ante instancias internacionales—, un manejo profesional de relaciones públicas, un sólido músculo financiero y todo el andamiaje legal que dejó el correísmo a su favor. ¿Cómo puede el Estado ganar, ante antagonistas de ese calibre, si es que sus funcionarios no son capaces de evitar errores tan burdos?