Ya es hora de que el país sea tan exigente con quienes manejan la educación pública como lo es con el resto de las instituciones. A lo largo de los últimos meses, la Policía y la Justicia enfrentaron una infinidad de cuestionamientos; en la consulta popular que se avecina, la clase política —especialmente asambleístas, consejeros del Cpccs y líderes de partidos— verán sus posiciones cuestionadas y desafiadas; las empresas públicas y el entorno del Ejecutivo están ahora bajo el inclemente escrutinio de la opinión pública. ¿Y a los profesores —cuyo desempeño deja tanto que desear— cuándo les toca?
La Educación goza de muchos beneficios. Cuenta con un marco legal que le concede una autonomía y libertad con la que otros sectores no alcanzan ni a soñar. Los docentes recibieron un aumento salarial considerable; justo, aunque por encima de las necesidades de muchas otras áreas. Existe poquísimo control y evaluación externos sobre la calidad del servicio, menos aún capacidad de sancionar —lo único que hay es un Instituto Nacional de Evaluación Educativa inundado de trabajo—. Las exigencias de los docentes siempre aumentan —ahora se insiste en el escalafón— y cuando las evaluaciones arrojan resultados decepcionantes, la culpa siempre es del ‘otro’.
La Educación es el factor más determinante para el desarrollo, pero allí nunca se escucha de ‘depuraciones’ ni se cuestiona la calidad -académica ni moral- de sus actores. No se ve, al momento de proponer reformas de contenidos o de aprovechar oportunidades de perfeccionamiento, el mismo brío que para exigir beneficios. Ya que legalmente no se puede hacer nada, habría que juzgar a los docentes con la misma vara que a los políticos.