Los ecuatorianos nos hemos quedado estupefactos ante los acontecimientos que protagoniza la Justicia. Los operadores se lavan las manos y se acusan entre ellos en su intento por disimular que son títeres de los políticos. Cerca del 90% de quienes conforman el sistema fue nombrado, casi todos a dedo, por el correísmo.
La Justicia lanza dardos al Consejo de la Judicatura, esta al sistema heredado y a la limitación de recursos y facultades; la Fiscalía a la falta de independencia y autonomía; y la Corte Constitucional guarda un espantoso silencio. El Ejecutivo, desesperado e impotente, amenaza con la vindicta pública.
Existen soluciones. La Corte Constitucional tiene la principal responsabilidad. En virtud del manoseo correísta, la CC dispuso que el “error inexcusable” de los jueces requiera un pronunciamiento previo de ellos mismos, lo cual produce total impunidad al impedir que el Consejo de la Judicatura sancione el dolo y la negligencia.
La Constitucional, al igual que el pleno de la Corte Nacional, puede señalar definitivamente la jurisdicción (territorialidad) de los jueces para conocer los recursos de protección, amparos y habeas corpus, que son los instrumentos que habilitan, protegen y blindan a la corrupción.
El Ejecutivo deberá tomar las riendas del SNAI a fin de que cese la emisión de informes para la liberación de delincuentes. Este gobierno podría declarar emergencia para entregar los recursos que requiere el CJ para emprender el proceso de evaluación de todo el sistema jurisdiccional.
No es un problema abstracto. El país está sufriendo por la situación de los jueces.