Tal y como se esperaba, el presidente Guillermo Lasso vetó parcialmente la Ley de Interrupción del Embarazo por Violación. Con esto, el gobierno insiste en desafiar el dictamen de la Corte Constitucional y en imponer sus juicios de inspiración religiosa sobre un Estado que es, constitucionalmente, laico. A todas luces, los argumentos del mandatario no son objeciones derivadas de un análisis bienintencionado, sino meras racionalizaciones, simples pretextos, para imponer sus propios prejuicios.
Poco importó la advertencia de que organismos internacionales sobre la naturaleza discriminatoria de los plazos limitantes del aborto en caso de violación.
En nombre de la igualdad, el presidente insiste en un límite de 12 semanas de gestación para todas las víctimas de violación que opten por abortar, sin importar su edad o procedencia. Esto reduciría las posibilidades de acceder a un aborto a mujeres y niñas violadas, de escasos recursos, de zonas alejadas o que viven torturadas bajo abuso intrafamiliar.
Asimismo, el veto hace hincapié en la objeción de conciencia, pese a que ello implicaría que funcionarios del Estado podrían contradecir los principios constitucionales y vulnerar derechos de las víctimas. Por último, impone requisitos que resultarían excluyentes y revictimizantes.
En defensa de sus creencias y consternado ante la posibilidad de que mujeres que no hayan sido víctimas de violación aborten amparadas por esta ley, el régimen prefiere limitar derechos y correr el riesgo de que niñas y víctimas se vean obligadas a ser madres. Mal consiguen disimular su falta de empatía e íntima aversión a las mujeres y niñas violadas.
FRASE DEL DÍA
«No hay que rechazar las recompensas oficiales; lo que hay que hacer es no merecerlas.”
Jean Cocteau (1889-1963), dramaturgo francés