Existe visible frustración y hastío ante la ola de inseguridad que vive el país. Lo mismo se puede decir del dolor que embarga a los policías al ver a sus compañeros asesinados de forma atroz. Sin embargo, no es correcto ni oportuno que se busque encauzar toda esa legítima indignación, de forma demagógica, contra la noble causa de la defensa de los derechos humanos.
No se logrará paliar el crimen a punta de barbarie. Las ejecuciones extrajudiciales, la tortura en los interrogatorios, las retaliaciones contra la comunidad o el uso desproporcionado de la fuerza —entre otras prácticas que las masas enardecidas suelen ver con buenos ojos— de poco han servido a lo largo de la historia. Solo logran, eso sí, profundizar la violencia en la sociedad y cobijar a fuerzas estatales incompetentes que se malacostumbran a matar y encarcelar inocentes, como chivos expiatorios, mientras la ciudadanía saborea la revancha.
Lo efectivo en la lucha contra el delito no está reñido con los derechos humanos: investigadores competentes que den con las ‘cabezas’; recursos de inteligencia humana (no solo tecnológica) que conozcan y se anticipen a sus adversarios; fiscales profesionales que no echen a perder las causas; jueces capaces, íntegros y valientes -anónimos, incluso-; un sistema penitenciario efectivo al momento de aislar a los presos de sus organizaciones; leyes acordes a la complejidad del crimen organizado. Eso es lo que hay que exigir; no violencia estatal irracional. Lamentablemente, es más fácil culpar a los conceptos que señalar la incompetencia del sistema y sus funcionarios.