La comisión especial encargada de proponer reformas para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social todavía no presenta sus conclusiones, pero los ánimos ya están caldeados. Los miembros del equipo aseguran que el origen del problema es la transformación demográfica del Ecuador —cada vez más jubilados con mayor esperanza de vida y menos jóvenes aportantes—; ante ello, barajan la posibilidad de aumentar el monto y la cantidad de aportes, la edad de jubilación, y reducir prestaciones.
Los críticos denuncian un ánimo privatizador. Juzgan que el problema se origina en la falta de empleo y de crecimiento, derivada de la política gubernamental. Creen que un nuevo enfoque macroeconómico solucionaría el problema.
Ambas apreciaciones son excesivamente parcializadas y politizadas. Por un lado, un problema demográfico requiere una respuesta demográfica, no financiera. La solución para ello no es la precarización de los jubilados, sino el estímulo de la inmigración y de la natalidad, como tantos países europeos han hecho con gran éxito en los últimos treinta años. Por otro, en el siglo XXI, gracias a la automatización, el crecimiento económico no siempre implica aumento de empleo y aportantes. Incluso países desarrollados enfrentan problemas de pensiones. No tiene sentido apostar a las mismas estrategias de hace dos revoluciones industriales.
La demografía es tan implacable como la tecnología. La economía ecuatoriana puede crecer hasta superar el problema de las pensiones, pero para eso requiere reformas educativas y laborales que permitan a los ecuatorianos dedicarse a los oficios del siglo XXI. Quien decida arreglar el agujero negro que hoy es el IESS deberá, entonces, empezar por la educación.