En tanto la Sociedad Interamericana de Prensa, en su Asamblea General, denunciaba el “preocupante y franco retroceso de la libertad de prensa”, el secretario de Comunicación del presidente Guillermo Lasso, Andrés Seminario, insistía en esa retórica antiprensa que, últimamente, parece fascinar al régimen. Calificó a la prensa de “demasiado negativista” y la acusó de “construir en el imaginario colectivo una instancia tan negativa que la sociedad se contamina”. Quizás el Ejecutivo necesita recordar que apenas durante el paro de junio, por ejemplo, 242 periodistas fueron agredidos, o que dos han sido asesinados en el último año, una cifra desoladora que pone a Ecuador entre los cuatro países más peligrosos para la prensa de las Américas —junto a países que tienen un severo conflicto armado interno por el narcotráfico, como Colombia y México, o que enfrentan el derrumbe total del orden, como Haití—.
Un Presidente que presume de ser respetuoso de los valores republicanos debería tener presente que la irrestricta libertad de informar a la ciudadanía es indispensable para el sano desempeño de cualquier democracia. La prensa siempre es un blanco fácil para los políticos en sus exabruptos de frustración, pero no es ni nunca ha sido la culpable de los errores de gestión de un mandatario, de lo que la ciudadanía percibe a diario en su entorno ni de las condiciones que un gobernante haya heredado.
El crimen organizado, los activistas radicales y los discursos de odio orquestados por los políticos populistas ya son suficiente amenaza para la prensa. Ante ello, se necesita cuanto antes el sistema de protección de periodistas que se prometió, no hostigamiento gubernamental.