Manteniendo el control, con mandos sumisos. Manipulando al ISSFA, e ISSPOL, para acceder a su liquidez. Vigilando a oficiales, obteniendo fotografías, vídeos, para presionar comportamientos. Identificando el personal contrario al narco-comunismo. Desacreditando el liderazgo militar, que no es obediente al narco-comunismo.
Exigiendo lealtad a los «principios de la revolución». Dando de baja a oficiales «retrógrados», (valientes, honorables, patriotas); para que sepan que su agenda (anti narco-comunista), es contraria a la «revolución». Acabando con los «residuos de resistencia», (oficiales y tropa, patriotas). Estructurando una fuerza militar que haga lo que la organización criminal narco-comunista, necesita. Eliminando actos heroicos como el triunfo del Cenepa.
Soslayando los monumentos a nuestros héroes. Por este ataque a la fuerza pública, corresponde crear el Servicio de Protección de la Constitución, que preserve su independencia del poder político -puesto que es vergonzoso que oficiales superiores de la República, adopten actitudes de subordinación servil, ante mandatarios de Estado, peor aún, si son narco-comunistas, a quienes deberían neutralizar-; que
identifique quienes se someten a intereses perjudiciales a la integridad y soberanía nacional, como allanarse a órdenes ilegítimas que: destruyen la disciplina; disponen de instituciones y de dineros de la seguridad social de la fuerza pública; otorgan autoridad a personas con vinculación a la guerrilla o actividades delictivas; no consideran a los grupos narco-guerrilleros y delincuenciales, como enemigos del Estado.
De esta forma, el poder político no interfiere en su estructura institucional, disciplina, tradición; y las disposiciones a la fuerza pública se circunscriben a su misión, que consiste en: Conservar la soberanía nacional. Defender la integridad externa e interna, de enemigos externos e internos del Estado. Garantizar el estado de derecho. Proteger la libertad de los ciudadanos.