Las certezas se diluyen conforme avanza el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. La supuesta mayoría arrolladora resultó no ser más que una criatura imaginaria que habita solo en la mente de los opositores más frenéticos. Hasta los jefes de las bancadas que impulsan el juicio reconocen ya que no cuentan aún con los votos y más de uno advierte que es probable que las definiciones determinantes se den solo el día mismo de la votación.
Ante este escenario de desgaste, los sectores más rabiosos de la oposición reaccionan con un chantaje pueril. Empiezan ya a advertir sobre un supuesto estallido social, sobre protestas fuera de control que implicarían el descenso definitivo del país hacia el caos. Aseguran que si el Presidente no es destituido o si no renuncia, las masas frenéticas se volcarán a las calles y sobrevendrá la anarquía. Se trata de un argumento tan anticuado como inoportuno.
Nuestra clase política tiene la mala costumbre de amenazar con demasiada frecuencia sobre una guerra civil. Uno de los principales postulados del correísmo era que su proyecto era la última oportunidad de prevenir una transformación social violenta, pero luego de que perdieron el poder no vino el diluvio. Los sectores indigenistas radicales intentan mostrar siempre como estallidos espontáneos y masivos lo que no pasa de esfuerzos masivos y coordinados.
Ecuador no está a punto de estallar ni estallará; la gente entiende que los verdaderos problemas que enfrenta no se solucionarán con arrebatos de violencia, sino con acuerdos y esfuerzo común. Los políticos deberían estar trabajando en ello en lugar de en chantajes.