El Gobierno ha entendido finalmente que no existirá reactivación, crecimiento económico, empleo ni paz duradera sin una solución para la agricultura familiar campesina. El ministro Bernardo Manzano demostró que el régimen comprende al detalle el problema y que cuenta con los recursos y el conocimiento para plantear soluciones técnicas y efectivas. Sin embargo, se requieren también otros elementos, nada fáciles de conseguir.
El primero es tiempo. Las políticas sostenibles y rentables a largo plazo suelen avanzar muy lentamente por la cantidad de cooperación, ajustes y acuerdos que requieren. Aunque apropiado y justo, apostarle a un proyecto tan ambicioso resulta sumamente arriesgado para un Gobierno con baja popularidad y la desestabilización a sus puertas. Apurar las medidas que impliquen desembolsos y mejoras tangibles para la gente sería lo ideal.
El segundo es el control político efectivo. Un campo próspero, unido tras cooperativas que busquen producción y autonomía, en lugar de tras banderas políticas o étnicas, es un escenario de pesadilla para cierta dirigencia que se resistirá a ello. Mientras continúen las pugnas entre diferentes actores —prefecturas, Gobierno central, juntas de agua, comunas— por el poder del agua y el riego, cualquier política agraria penderá de un hilo. Para sortear ese obstáculo, el Gobierno deberá llegar a acuerdos con los interlocutores legítimos y prepararse para usar la ley ante los ilegítimos.
Si el plan perdura hasta que la gente empiece a sentir sus beneficios, será fácil mantenerlo. Puede además ser esa bocanada de aire que necesita, urgentemente, el régimen.