Tras la denuncia de presuntos sobornos en el proyecto del Metro de Quito, el exalcalde Augusto Barrera apela a las mismas excusas que la ciudadanía tiene que escuchar cada vez que alguna picardía local sale a la luz en tribunales extranjeros. Sugiere que hay intereses oscuros y disputas entre actores económicos internacionales que, según él, intentan desprestigiar la obra a las puertas de la licitación y luego de nueve años. Es la berreada teoría de la conspiración internacional vengativa que se oyó tras las revelaciones de los casos Odebrecht, Las Torres o Gunvor, como si las multinacionales tuviesen siempre interés en tejer intrigas contra políticos ecuatorianos.
Barrera no se ha manifestado como un defensor a ultranza de su equipo de trabajo o de su administración, sino que se limita a insistir en la propia inocencia.
El Metro de Quito, una obra que ha necesitado más de dos mil millones de dólares y casi diez años, se estructuró en gran parte en una época en la que la justicia y los organismos de control del país estaban secuestrados por el Poder Ejecutivo y otros cuantos.
Usar como pretexto el tiempo transcurrido es inaceptable para la capital y debe serlo para la justicia, así como la ausencia formal de ciertas empresas, cuando las personas jurídicas varían, pero los representantes y funcionarios tienden a repetirse. Ante una denuncia tan puntual y detallada, y si se activa la cooperación con la justicia española, no será difícil destapar la verdad en un caso en el que existen apenas un puñado de potenciales responsables. Todo dependerá de que exista interés —que no se ha visto hasta el momento— de parte de la Fiscalía y el actual Alcalde, Santiago Guarderas.