Al momento de evaluar el presente, siempre es mejor asumir que lo peor ya ha quedado en el pasado. A lo largo de este año que termina, la democracia ecuatoriana sobrevivió una serie de embates tan diversos como peligrosos: protestas violentas, un intento de destitución del presidente desde el Legislativo, una ofensiva criminal nunca antes vista en el país y una generalizada pugna de poderes que caotizó la gobernanza interna. Incluso en la esfera internacional, enfrentamos serias amenazas: la inflación mundial y la disrupción del comercio —producto de la forma como enfrentó el mundo la pandemia— se agravaron tras la invasión rusa de Ucrania, lo cual repercutió inexorablemente en nuestra economía; al mismo tiempo que el populismo vendedor de humo volvía a hacerse con el poder en la mayoría de países de Sudamérica, nuestra población se veía arrastrada también por una nueva ola de migración irregular.
Pese a todo ello, se logró mantener a la economía nacional sin sobresaltos y se evitó la ruptura del orden constitucional. En un momento de inmensa debilidad, nuestra democracia resistió. No es mérito de un solo político ni de una sola tendencia, sino de todo un pueblo que, poco a poco, asume su vocación republicana.
El año que empieza debe ver el inicio del proceso de regeneración de la clase política que exige la ciudadanía. Es cierto que se requieren reformas legales e institucionales, pero sobre todo se necesitan nuevos liderazgos, diversas propuestas articuladas y participación ciudadana. Este año quedó claro que Ecuador no colapsará ni se diluirá en el caos; le corresponde entonces a los ciudadanos asumir su conducción.