Todo apunta, tras la decisión de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea, a que la verdad sobre la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair quedará sepultada —como tantos otros casos— bajo un manto de narrativas enfrentadas. Todos los escándalos derivados de la obra —las acusaciones de corrupción y sobreprecio, las supuestas fallas, las críticas a la calidad del financiamiento y la falta de transparencia en el proceso— deben ser ejemplo del verdadero costo de las obras faraónicas.
Una vez que los megaproyectos entran en funcionamiento, el sistema se adapta, sectores de la economía y de la población se tornan dependientes de ellos, y cancelarlos trae un costo altísimo. Tras arrancar una de estas obras, todo debate sobre su viabilidad o conveniencia -que no se resolvió antes de echarla a andar- se torna inútil.
Durante el correísmo, el Estado ecuatoriano emprendió una absurda campaña de obras faraónicas. Hoy, por todo el país se encuentran obras incompletas, inutilizadas por falta de mantenimiento o inservibles por errores de diseño; no por negligencia de gobiernos posteriores, sino por errores de planificación y ejecución. Era bien conocido que un país como Ecuador, pequeño pero geográficamente fragmentado, políticamente inestable y en el que los desastres naturales son comunes, por cuestión de resiliencia y costo final, es mejor hacer muchas obras pequeñas que unas pocas descomunales. El doloroso derroche, del cual seguimos aún cobrando conciencia, sirve al menos para recordarnos esa verdad evidente.