Al adquirir compromisos, lo correcto y sensato es prometer solo aquello que es posible cumplir. Hacer las cosas al revés —primero prometer y luego intentar encontrar la manera de llevarlo a cabo— es arriesgado y, ante todo, irresponsable. El Gobierno Nacional, de un lado, y la Conaie, Feine y Fenocin, del otro, empeñaron su palabra en 218 “consensos” cuyo cumplimiento resulta poco probable, en el mejor de los casos, e ilegítimo, en el peor.
Las partes no han tenido empacho en hacer promesas cuya implementación ha sido imposible hasta el momento por la carestía de recursos y la descomunal dificultad técnica que entrañan; tal es el caso de la focalización del subsidio a los combustibles, las diferentes reformas en educación y salud, la solución del drama carcelario y estabilizar el precio de ciertos productos. Un puñado de firmas no bastan para imponerse a complejos factores sociales y económicos que han frenado distintos esfuerzos al respecto hasta el momento. En otros casos, se han aventurado en campos sobre los que no tienen competencia y que requieren enmiendas constitucionales, reformas legales o una consulta popular: excepciones sobre el código laboral, revisión de contratos petroleros o mineros, imposición de cuotas, extraer créditos a la fuerza —porque las paralizaciones son una medida de fuerza—, entre otros.
Ahora la pregunta que cabe es si las tres organizaciones —y la gente que creyó en ellas— reaccionarán con madurez cuando dichas promesas queden, por motivos que escapan al control de sus mentalizadores, en el aire. El progreso es posible cuando se trabaja en los anhelos de forma organizada y legal, uno por uno; no con 218 de sopetón, a la fuerza y sin estrategia.