La Corte Constitucional dispuso una consulta popular que busca detener por completo la explotación petrolera en el bloque ITT; ahora, cuando la producción del país atraviesa un declive sostenido y difícil de revertir a corto plazo.
De ganar el ‘sí’, la consulta enterraría más del 10% de la producción y debilitaría aun más a Petroecuador. Sentaría un precedente nocivo —una suerte de declaración nacional ‘antipetróleo’— que espantaría definitivamente a las inversiones que tanto persigue el sector. El contexto regional no ayuda, pues las políticas de Gustavo Petro en Colombia y el atolladero venezolano entorpecen la operación de las empresas que podrían aportar conocimiento y tecnología.
Ecuador construyó un modelo económico y social, sustentado en energía barata y subsidiada, que impulsó un admirable crecimiento poblacional durante las últimas cinco décadas. Cuando semejante boom demográfico no llega con crecimiento económico, se produce un estancamiento doloroso, plagado de convulsión social como el que vivimos ahora.
Además del repliegue del petróleo, el tan esperado boom minero pinta cada vez más lejano, el turismo sufre por la crisis de inseguridad y las remesas se acercan a su límite, mientras la paralización legislativa demuestra que las reformas urgentes —laborales o del IESS— no están en el horizonte. En este contexto, el sostenido esfuerzo del Gobierno de Guillermo Lasso por empujar el intercambio comercial en la arena mundial, es alentador. El acuerdo con China, el más reciente tratado alcanzado por Ecuador, tiene un inmenso potencial para el crecimiento económico. El reto, sin embargo, será nuevamente la seguridad jurídica.