Tomó presión ciudadana y mediática para que el Concejo Metropolitano de Quito, en un segundo ‘intento’, aprobara una ordenanza que sancionará la tenencia de armas blancas en la ciudad. En la capital, la mayoría de los crímenes no se llevan a cabo con armas de fuego, sino con cortopunzantes —como el siniestro asesinato del joven en Bellavista que conmovió a la ciudadanía—.
La mayoría de democracias desarrolladas y otros países de la región tienen estrictas leyes y reglamentos con respecto al porte de armas blancas; existen diversas prohibiciones —en función del diseño del arma o del largo de la hoja—, regulaciones sobre dónde y cómo portarlas, y severas penas y multas para garantizar su cumplimiento.
Sin embargo, en Ecuador no existe una ley al respecto. En los operativos de control, las autoridades se ven limitadas a confiscar armas cuyo propósito es evidentemente ofensivo, sin siquiera poder sancionar a quienes las llevan.
Ante un vacío legal tan difícil de remediar, los concejales -a nivel nacional- deben actuar frente a toda oportunidad de mejorar la seguridad en su ciudad. Pese a ello, y a que el Presidente invitó a los municipios a cooperar en seguridad, ciertos ediles se han escudado en la cómoda postura de creer que su función es únicamente fiscalizar y que la seguridad es competencia del Gobierno central.
La misma actitud esquiva y displicente del Concejo que tanto daño ha hecho en temas como tránsito o ambiente no puede extenderse a la lucha contra el crimen. Lo que estamos viviendo es una ofensiva contra el Estado -y los ecuatorianos de bien- en su totalidad.