Resulta fácil imaginar la inmensa presión a la que está sometida en este momento —ante la estremecedora penetración del narcotráfico en el país— la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Sin embargo, ello no justifica el reciente intento de convertir, vía resolución, a 70 mil abogados ecuatorianos en delatores de sus clientes y echar por tierra principios esenciales de cualquier sistema legal democrático.
Por más que la UAFE haya intentado restarle importancia a las consecuencias en sus últimos pronunciamientos, las diez actividades contempladas en la resolución No. UAFE-DG-2022-0129 conllevan una responsabilidad inmensa para los abogados. Además de tener que llevar a cabo análisis que escapan de su competencia y obligaciones, podrían verse obligados a elegir entre respetar el principio básico de confidencialidad y acatar una disposición procedente de una oficina cuyas actividades resultan especialmente delicadas.
Nociones como la cláusula de conciencia, el sigilo profesional y la reserva —tal y como han señalado insistentemente diferentes gremios desde que se anunciara esta disposición— son principios que garantizan la legítima defensa de cualquier ciudadano. No son caprichos ni creaciones al azar, sino nociones producto de siglos de experimentación —de abundantes pruebas y dolorosas equivocaciones— que las democracias han llevado a cabo. Más allá de las buenas intenciones, la UAFE y el Estado ecuatoriano deben preguntarse qué podría hacer en un futuro, con disposiciones de este tipo a su servicio, un gobierno autoritario con afanes de hipervigilancia, como el que hubo hace no mucho y amenaza con volver.
Ojalá que la inconstitucionalidad de este exabrupto quede pronto en evidencia y que se retome la cordura.