El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) es un nicho de negocios millonarios para un puñado de proveedores que, desde su creación en 2013, han perfeccionado un modelo de expolio.
El esquema arranca con la constitución o compra de varias empresas ‘no relacionadas’, cuyos presidentes, gerentes y accionistas son amigos o socios. Su dirección física es la misma y hasta comparten la información de contacto. Un breve vistazo al Sercop, el SRI y la ‘Supercias’ revela casos como el de la empresa que se acaba de ganar un contrato millonario con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para proveer el servicio de ‘polizonte’ que alimenta las multas de la campaña electoral.
El caso de esta empresa, constituida por el padre, traspasada por una serie de actos jurídicos entre cónyuges, hijos y nueros, devela la punta del iceberg de estos grandes negocios familiares: empresas observadas por Contraloría, con peticiones para que los incorporen en la lista de proveedores incumplidos, cuyos dueños, accionistas y autoridades fabrican media docena de empresas para participar en un nicho de la contratación pública.
Los contratos parecen aislados y de ínfima cuantía; suman asesorías de “clipping de noticias”, “sugerencias para mejorar nuestros servicios” y “monitoreo de medios” con decenas de ministerios, secretarías, municipios y otras entidades; dejan un rastro que demuestra lo poco que ha logrado el Sercop para depurar a sus proveedores. Las ‘subastas’ se trampean con dos o tres oferentes pertenecientes a los mismos dueños.
Austeridad pide el Gobierno, pero ha olvidado la primera regla del juego: liderar con el ejemplo.