Tanto la dirigencia de la Conaie como el Gobierno se encuentran ante una grave encrucijada. Leonidas Iza y el resto de los promotores del paro empiezan a darse cuenta de que varios de sus pedidos son irrealizables, pero se niegan, por temor al juicio de las bases, a cambiar su postura. El Gobierno, en nombre de la legalidad, insiste en mantener la cordura; sin embargo, enfrenta cada vez más presión de quienes demandan un retorno del orden y ve que el riesgo de cierto colapso —desabastecimiento de energía, escasez de alimentos, sabotaje de servicios básicos—rebasa los límites de lo tolerable.
Ante un escenario tal —con una dirigencia indígena que se rehúsa a asumir su responsabilidad y un miedo creciente entre la ciudadanía—, la opción de reprimir con mayor severidad las manifestaciones y judicializar a rajatabla para poner fin al caos puede ser tentadora, pero el Gobierno debe resistir. De hacerlo, brindaría el pretexto perfecto a la Conaie, relevándola de su responsabilidad y sembrando un futuro sombrío —de mayor rencor y polarización— para el país.
La protesta se les fue de las manos a los instigadores y mutó hacia un arrebato de violencia por medio del cual muchos expresan su insatisfacción —no un ‘estallido’, porque los estallidos al menos alivian la presión mientras que esto solo la agravará—. Aunque cueste, el Gobierno debe insistir en su política de contención hasta que el violento frenesí amaine por motivos logísticos y emocionales; solo así tanta legítima insatisfacción se canalizará hacia donde pertenece: las urnas, la Asamblea Nacional y la protesta pacífica.