El sistema penitenciario ecuatoriano enfrenta un colapso logístico y, si las autoridades y la ciudadanía no terminan de entenderlo, será imposible evitar que se produzcan otras masacres carcelarias. No obstante, mientras se trabaja en restaurar el control estatal, se debe evitar que el problema siga creciendo: el país debe revertir su política de encarcelamiento masivo.
Coinciden el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos — que recomienda “adoptar las medidas necesarias para contar con una política criminal que privilegie las sanciones alternativas a la prisión” y “modificar la legislación penal ecuatoriana a fin de despenalizar o establecer penas que no impliquen privación de la libertad”— y el de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación que en su momento conformó el Gobierno— que invitaba a elaborar un “programa nacional sobre prevención como alternativa previa a la encarcelación”—.
Las reformas legales y sus operadores han triplicado la cantidad de presos en poco más de una década — hasta llegar a más de 200 por cada cien mil habitantes, alto incluso para el estándar despiadado de la región, y con mucho menos recursos para ello que los países con un índice similar—. Más de un tercio de los reos se deben a la prisión preventiva y la mitad tienen menos de 30 años. Solo poco más del treinta por ciento están presos por delitos contra la vida, sexuales o contra las personas; la gran mayoría, por narcotráfico o robo menor.
Encarcelar gente a diestra y siniestra es cómodo: fiscales, jueces y policías viven bajo una falsa ilusión de trabajo y la comunidad se malacostumbra a creer que todo se soluciona con prisión. Sin embargo, a la larga, resulta fútil y apenas agudizará la barbarie.