La atención de la clase política y de la ciudadanía sigue puesta en la pugna entre el régimen del presidente Guillermo Lasso y el correísmo. Mientras, los sectores más radicales del indigenismo —con sus patrocinadores extranjeros— avanzan a paso firme en la imposición de su agenda, como se ve en la aprobación, en primer debate, del Código de Derechos Colectivos de las Comunas y Comunidades Indígenas. Se está repitiendo lo que sucedió en la Asamblea de Montecristi, entre 2007 y 2008, cuando los constituyentes, distraídos en la discusión alrededor de las inclinaciones autoritarias del régimen de entonces, permitieron que sectores radicales —ambientalistas y multinacio24nalistas— introdujeran en la Constitución elementos nocivos, sumamente impopulares, que condicionan tremendamente el desarrollo del país hasta hoy.
El proyecto, que merece ser analizado con detenimiento y por toda la sociedad, contiene reformas de gran envergadura. Queda claro que los radicales detrás de semejantes propuestas persiguen un Estado central cada vez más débil, a merced de grupúsculos que —en nombre de una ambigua autodeterminación— cuentan con cada vez más beneficios, recursos y poder de veto, pero carecen del sentido de pertenencia, responsabilidad y solidaridad que requiere una Nación.
Llama la atención que los mismos asambleístas que no han tenido empacho en postergar proyectos verdaderamente urgentes —como una reforma laboral, una apertura comercial, una tributaria que arregle la monstruosidad que pasó la Asamblea por su propia negligencia— demuestren tanta diligencia.
Ahora los votos en la Asamblea son especialmente valiosos y es probable que, a cambio de apoyo, varios sectores dejen pasar este proyecto, que tendría impensadas consecuencias.