Ayer inició en el país una nueva etapa dentro del proceso de pandemia por covid: el retorno presencial a las actividades educativas de la educación básica y bachillerato. Luego de dos años de ausencia en las aulas, el regreso de estudiantes y maestros marca un nuevo momento en el camino hacia la normalidad.
A inicio del año 2020 la alerta por pandemia detuvo de manera súbita el desenvolvimiento cotidiano de clases en todos los niveles del sistema educativo; un buen día todos se quedaron en casa y muchos no se volvieron a ver nunca más. No sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Han sido un par de años de total incertidumbre en el sistema educativo con un alto impacto en muchas áreas del desarrollo de la vida de nuestra niñez y juventud.
A pesar de todos los aspectos positivos que trae el retorno a clases presenciales, hay algunas ‘deudas’ del Estado ecuatoriano con su población estudiantil, muchas de las cuales no se han resuelto a lo largo del tiempo. Hay un evidente deterioro de la infraestructura física en gran parte las instituciones del sector público, así como también ahora (postpandemia) resulta insuficiente la infraestructura sanitaria y de bioseguridad.
La tecnología que requiere la educación actual en muchos de los casos es inexistente y en otros ha quedado desactualizada. Gran parte del mobiliario no ha recibido mantenimiento y otra parte ya está obsoleto. El equipamiento técnico, de laboratorios y deportivo también evidencia el paso del tiempo y la falta de renovación.
El retorno a clases presenciales pudo haber sido mucho más alentador pero la realidad evidencia que no solo se trata de estar físicamente en las aulas, sino de asegurar la calidad educativa que nuestros estudiantes requieren.
El Gobierno que actualmente administra el aparato estatal tiene una oportunidad histórica de demostrar ‘con hechos’ su compromiso con la educación de las nuevas generaciones, enfocando prioritariamente suficientes recursos para garantizar a nuestra niñez y juventud una educación pública de calidad.