Iniciaremos aclarando que la presente opinión no se refiere a aquellas personas que, por nacimiento, salud o caso fortuito tienen una discapacidad física o mental que les impide un desenvolvimiento procedente, con quienes nos congratulamos y disculpamos si herimos susceptibilidades.
Nos referimos a los pobres discapacitados que, aprovechando de su actividad laboral en el servicio público, a sabiendas que la mayor parte no ingreso en base a concurso de merecimientos como manda la Constitución o, si lo hicieron fue mediante trampa, viveza y corrupción (doy fe de lo dicho), para tergiversar la Ley y, así obtener un carnet en la Conadis por discapacidad que les beneficie para importar vehículos de alta gama exonerados de impuestos, porque, sino, los pobres no pueden trabajar y les avergüenza manejar los automotores que los verdaderos ciudadanos ecuatorianos utilizan.
Un reportaje televisivo dio cuenta que vehículos de un valor de USD 60.000 aproximadamente, lo adquieren por USD 28.000, aduciendo que son personas con discapacidad para no pagar impuestos, pero solo mirarlos para entender que no tienen ninguna invalidez, sino que aprovechan una disminución de un órgano humano para señalar que son discapacitados. Jueces, fiscales, directores departamentales, etc., no han tenido el mínimo pudor para afectar al Estado, generar escasez de recursos económicos e incitar la corrupción, demostrando que no tienen los valores y principios propios de servicio a la colectividad como prioridad para ocupar cargos públicos que tienen aquellas personas comprometidas con la sociedad y el Ecuador.
Es urgente y necesario que todos estos malos servidores desocupen de forma inmediata los espacios públicos, porque mancillan a los verdaderos funcionarios, al Estado como responsable del cuidado, atención y garantía de la cosa pública, y el daño a las verdaderas personas que tienen una discapacidad y no pueden obtener el carnet de la Conadis.