El aparecimiento en el país de una variante del SARS COV 2, aquella que la comunidad científica mundial la ha bautizado como Delta, con una capacidad de transmisión mucho mayor que la cepa original, desencadenó que se establezca, mediante Decreto Ejecutivo 140, un Estado de Excepción y un cerco rígido en dos localidades nacionales, con el fin de controlar su expansión masiva en el territorio nacional y tratar de evitar así un nuevo colapso del sistema sanitario; una de las medidas contempladas en el indicado decreto, es la que otorga “libertad de tránsito” para aquellos ciudadanos que hayan completado el esquema de vacunación, es decir que, dependiendo de la vacuna que les hayan puesto, tengan su dosis total y representen menor riesgo de transmisión del mortal virus en la población nacional.
La medida es en definitiva un “pasaporte”, un permiso que le permita al ciudadano su libre movilización. De cierta manera y sin decirlo de manera explícita, es un intento de otorgar al proceso de vacunación en el país, la calidad de obligatorio, al menos a aquellos ciudadanos residentes en las zonas para las que rige el actual estado de excepción.
Esta disposición del Decreto 140 ¿podrá acaso generalizarse para el resto del país?, ¿al menos para actividades que requieren de la presencia masiva de personas?
Cualquier ciudadano está en su derecho de aceptar o no el ser vacunado; de prevenir o no su mortalidad por el Covid, esa es su elección. Pero frente a su particular decisión está la comunidad, de la que él es parte, vive de ella, vive y produce en ella; se está frente a una cuestión de ética social, por eso surge una obligada pregunta: ¿una decisión individual está por sobre el beneficio general?
El ser humano es gregario, vivimos en comunidad; esa simple y definitiva palabra define de la manera más concisa y elemental lo que es la sociedad; por ello nace preocupante la pregunta: ¿es una opción el vacunarse?, ¿es una opción el correr el riesgo de contagio y contagiar a la comunidad?
Difícil dilema el que debe enfrentar el Gobierno, la disyuntiva entre lo ético y lo legal. En la vida de las sociedades, hay actitudes que no pueden ser opcionales.