Los jueces de la política

Giuseppe Cabrera

La Corte de Justicia de Pichincha resolvió a favor de los intereses del otrora ex Alcalde de Quito, Jorge Yunda, en un proceso con cuestionamientos jurídicos, por los claros oscuros en torno a los sorteos de la causa en primera instancia, como por el hecho de que hay norma expresa, que es el COOTAD, en que se prevé un mecanismo para impugnar la legalidad en los procesos de remoción, ante el Tribunal Contencioso Electoral, mismo que se pronunció ratificando la remoción aprobada por el Concejo Metropolitano de Quito.

Y, no solo llama la atención eso, sino que usando una figura propia del derecho administración como la recusación, en un procedimiento de control político que nada tiene que ver con un proceso sancionatorio administrativo, los jueces han señalado que no había independencia del juzgador, por no resolverse la recusación en contra de Guarderas.

La Corte Constitucional aún podría pronunciarse en una acción extraordinaria de protección, para resolver que decisión judicial prevalece, si la de la acción de protección de la Corte Provincial o la del Tribunal Contencioso Electoral.

Más allá de todo este embrollo jurídico que, las decisiones políticas, como los procesos de control político en una remoción o un juicio político, puedan ser anulados por jueces es gravísimo en el plano de la teoría democrática, pues al margen de todos los debates legales que puede haber, viola toda separación de poderes, incluso cuándo podemos criticar las motivaciones de los actores que ejercen esos procesos de control político: concejales o asambleístas, que esa ya es otra discusión.

Lo de los jueces en el caso Yunda, debería hacernos dar cuenta del grave problema, en torno a una democracia extremadamente judicializada, donde las decisiones políticas se resuelven en las cortes y, no en los órganos de representación popular o en votaciones; pasó ya, con la inscripción de candidaturas presidenciales. Y sí, algo está fallando con el modelo en torno a la Constitución de 2008 y es necesario revisar los límites de lo judicial, para que no se conviertan en fronteras de anulación de la política y lo político y dictaduras de la ley frente a las decisiones políticas.