Agustín Sánchez
El corto tiempo que resta para las presidenciales ha obligado al gobierno a precipitar decisiones que, cumpliendo su objetivo político de mantenerse con alta popularidad y alcanzar la reelección, en la difícil coyuntura nacional, el timing político no parece dar los resultados esperados. La planificación de los cortes de energía es un reflejo de cómo se intentó reducir el impacto de la medida en los distintos hogares (votantes) y trasladar la carga al sector industrial. Esta decisión ha tenido pobres resultados, pues los cortes sin horarios claros y confusos, se han incrementado en número de horas y terminaron afectando a todos los sectores. Desacertada no solo por las pérdidas que acarrean al sector industrial y comercial, sino que, innegablemente, impactó a los trabajadores y sus familias (votantes).
Pero estos tropiezos no vienen solos. Para mala suerte del Gobierno, sus principales alfiles con rango de ministros han contribuido al malestar de la opinión pública. Recordemos que, semanas atrás, el ministro de Gobierno, en tono amenazante, señalaba que no habría cortes de luz. El tiempo lo contradijo, no solo por la inestabilidad que se ha generado en la cartera de energía, sino porque la crisis resulta insostenible, cuyas secuelas, me temo, estallarán a las puertas de las elecciones. Por su parte, la ministra de Trabajo, en una entrevista pública ante el riesgo de despidos por los apagones, señaló que resulta más costoso un despido que la compra de un generador de energía. Nada es más evidente que su divorcio con la realidad y las exigencias que deben guiar el accionar de un ministro de Estado.
Si bien la comunicación política juega un rol clave en conservar votantes y sumar simpatizantes, hay alianzas que, disfrazadas de mesas de diálogo, poseen un alto componente político que pone en riesgo a la sociedad. Me refiero a la atropellada decisión del ministro de obras públicas de retirar controles de velocidad en las vías, lo que, sin duda, permite al gobierno apaciguar un difícil frente con el sector del transporte, ahora privilegiado, con la entrega de créditos de más de 30 millones sin exigencias de mejora en el servicio que prestan, la eliminación de multas de tránsito y controles en las vías, a costa del incremento del riesgo que esto significa para los usuarios, pero con la clara consigna de «todo por un voto».