La anterior semana se confirmó la designación del economista Simón Cueva Armijos como el próximo ministro de finanzas de Guillermo Lasso. La formación académica del próximo ministro resulta nada desdeñable. Su experiencia laboral es extensa, pero en esta columna me voy a centrar en el periodo en el que se desempeñó como representante del FMI en Bolivia desde 1999 hasta 2006.
La experiencia de América Latina con las condiciones (reformas estructurales) que demanda el FMI para la obtención de sus créditos ha sido funesta. Estas reformas estructurales se basan fundamentalmente en un principio de austeridad con privatizaciones, reducción del tamaño del estado, eliminación de subsidios, flexibilizaciones laborales, reformas tributarias, etc. Desde la ciencia económica estas reformas han sido objeto de mucha controversia dado sus resultados. Por ejemplo, en un estudio publicado en la revista Social Science Research, se comprobó que dichas reformas solo habían incrementado la desigualdad en el análisis realizado en 135 países durante 34 años. Sobra decir que incluso en estudios elaborados por el propio FMI revelan que la reducción de la desigualdad conlleva a un crecimiento económico.
De regreso al caso de Bolivia, en los propios informes del FMI del año 2005 se constata un crecimiento de los indicadores de producción lentos y que no se logró reducir la pobreza por ingresos, todo ello pese a ser uno de los países que más a conciencia llevó a cabo reformas estructurales en América Latina.
En conclusión, me resulta, de cierta manera, preocupante la cercanía del próximo ministro de finanzas a estas reformas y al propio FMI. Que, si bien un acercamiento al organismo multilateral resulta idóneo para una reestructuración de nuestra ya elevada deuda pública, no amerita la realización de reformas caducas y sin sustento en la ciencia económica; más aún cuando el resto del mundo está consagrando su recuperación económica realizando justamente lo contrario.