A inicios del mes de abril surgió la noticia de que el FMI apoyaba la creación de un impuesto mínimo global a los beneficios de las grandes empresas. Dicho impuesto se negoció en el marco del G20 (las 20 economías más importantes del mundo) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), y consiste en implementar, en todo el mundo, un impuesto mínimo, para así evitar la competencia fiscal.
Es bien sabido que las grandes empresas utilizan mecanismos, tanto legales como no tan legales, para trasladar sus sedes a países con muy bajos impuestos, considerados paraísos fiscales. Si los países considerados como paraísos fiscales ya no resultan tan atractivos debido a que contarían este impuesto, las grandes empresas tributarían en los países en los que realizan sus operaciones.
La importancia de medidas como la mencionada aumenta en esta época de pandemia. Los recursos de los gobiernos de cada país se han visto disminuidos, al mismo tiempo que sus gastos, sobre todo en salud, han aumentado de manera considerable. Hay una gran necesidad de aumentar los ingresos para cubrir estos gastos, y una manera es mediante impuestos; además, con dicho impuesto se busca reducir la desigualdad que no ha hecho más que aumentar en el contexto actual.
Dado lo controversial de la medida, se podía caracterizar hasta de utópica. Sin embargo, en un pacto histórico firmado el sábado pasado por los países que conforman el G7, se han comprometido en establecer un pacto mínimo a las sociedades de, al menos, el 15%. Así, se acerca el mundo a una nueva era fiscal, en dónde se pondría fin a la competencia desmedida que ha incentivado a las grandes empresas a no pagar su contribución justa y tan necesaria para contrarrestar los efectos de la pandemia y de la desigualdad.