Hasta hace poco tiempo tuvimos un contralor firme y de mano dura con los corruptos, quien se había ganado, por un aparente buen desempeño en Contraloría, la confianza de la sociedad civil; sin embargo, ahora aparece involucrado en una red de corrupción orientada a formar parte de una estructura de delincuencia organizada para cometer delitos con fines económicos.
A medida que avanza la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado, sumada a la Cooperación Judicial Internacional, aparecen nuevos y serios elementos de convicción contra Pablo Celi, que no hablan únicamente del delito por el que se le está investigando, sino que van más allá, hasta formar un todo llamado ‘concurso real de infracciones’, es decir, la reunión de varios delitos autónomos e independientes atribuidos a una misma persona y con penas diferentes y acumuladas (recuerden caso Capaya).
Si todos los recursos presentados por Celi para obtener su libertad y sustituirla por otras medidas han sido negados, es precisamente porque aquello obedece a la gravedad de las infracciones que poco a poco se están recorriendo por un camino legal para llamar a juicio a éste y a otros procesados; pudiendo avizorar una dura condena por el desvanecimiento de glosas en perjuicio directo de los ecuatorianos.
La Contraloría es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos; consecuentemente, el Contralor tiene poder decisivo en el manejo de la economía del país. La verdad es que los ecuatorianos no sabemos elegir, peor designar autoridades públicas que velen por la buena marcha de nuestras instituciones; eligieron al cura Carlos Tuarez que fue un fracaso, designaron a Pólit, de igual manera, y por último a Celi y a una gran cantidad de funcionarios públicos; unos en la cárcel, otros por los techos y otros en espera de juicio. Juzgue usted. amigo lector.