Nos enfrentamos a un nuevo brote de la covid-19, que a pesar de los esfuerzos tanto del Gobierno para proveer vacunas de todo tipo a la población, de los profesionales de la salud para la atención a personas enfermas (lucha titánica) y la continuo auto-educación, con la finalidad de mejorar aspectos de comprensión de la enfermedad, modernas terapéuticas y demás; la ciudadanía no pone su grano de arena para contener este virus, esto a pesar de las advertencias y restricciones impuestas por el COE nacional junto con las sugerencias (casi ruegos) de las organizaciones médicas que pedían calma, mesura, tino, responsabilidad en los festejos de Navidad y fin de año últimos.
Las consecuencias de nuestros desaprensivos actos se están evidenciando en la actualidad. Pero tras cuernos palos. La ciudadanía debe saber que los servicios de salud pública están colapsados y carentes de medicamentos e insumos para atender pacientes con todas las enfermedades. Que hay que lidiar con la falta de equipos de protección que deben usar quienes asisten a personas ingresadas en hospitales ya sea en sala o en unidades de cuidados intensivos, así como en las consultas de atención a personas con síntomas respiratorios.
Si el personal de salud se enferma; ¿quiénes los atenderán? Al inicio de la pandemia, la falta de equipos de protección fue el talón de Aquiles de los profesionales sanitarios. Las solicitudes muchas veces quedaban en petitorios pero no se resolvían. Al respecto de este tema, el diario español El País, publicó una nota de prensa, en la cual destaca que un juez de Jaén dictaminó en una sentencia lo siguiente: “los sanitarios tenían la obligación de sacrificar su derecho a la vida e integridad, aun sin mascarillas, en beneficio de la vida e integridad del resto de la población”. Esto, en contestación a la demanda por vulneración de los derechos fundamentales que enfermeros interpusieron durante la primera ola de la pandemia contra la Junta ante la escasez de equipos de protección.
El fallo considera en que de tener que elegir entre la vida de los ciudadanos o trabajar en condiciones peligrosas para los enfermeros aún de exponerse y poder morir, debe privilegiarse el derecho a la vida de la población. Es clara la interpretación, la cual la catalogo como demoníaca. Con esta sentencia se obvia el derecho a la vida, de cualquier trabajador a contar con los medios de protección adecuados para preservar su salud. La promesa hipocrática de velar por la salud de los demás es incólume, pero bajo normas de atención adecuadas, sobre todo en épocas de pandemia.