Riesgos evitables

Agustín Sánchez
Agustín Sánchez

Apenas semanas atrás, un accidente en la autopista General Rumiñahui tuvo un trágico desenlace que enlutó al deporte nacional. Esto nos invita a reflexionar con seriedad, tanto a las autoridades como a los usuarios de las vías, sobre la seguridad vial. Si bien sobre dicho accidente aún se ventilan varias posibles causas, existen dos aspectos que parecen incontrovertibles: la velocidad y los obstáculos en la vía que ameritaban una señalización adecuada. Este tema, que no es menor, parece no importar a quienes tienen la responsabilidad de planificar, regular y controlar el tránsito. En el segundo caso, la ley de tránsito fue reformada en el año 2021, sin embargo, hasta la fecha no cuenta con un reglamento que articule las principales reformas que esta incorpora, estancándose por presiones e intereses de distintos grupos que seguramente verán alteradas las condiciones de privilegio a las que se han malacostumbrado.

 

 

Si bien la obra pública es necesaria para el desarrollo cantonal, es inevitable observar en nuestro Ambato que ciertas obras que requieren apertura de vías parecen haber caído en el abandono, constituyéndose en trampas para vehículos y peatones. De manera particular, la Av. Rodrigo Pachano, cuyos trabajos al borde de la vía llevan semanas sin concluirse, adolece de señalización en una zona que ha recobrado su condición de pista tras la decisión de retirar controles. A esto se suman los cortes de luz que reducen la visibilidad nocturna, ocasionando maniobras de riesgo entre los conductores, fácilmente observables en los montículos de arena que reposan en los distintos tramos de la vía. Tal parece que ciudadanos y autoridades vivimos en espacios distintos o tenemos percepciones diferentes sobre la seguridad.

Nuestra idiosincrasia nos empuja a pensar “que no ha de pasar nada”, pero ya vimos el fatídico accidente al que me refiero en líneas anteriores, posiblemente evitable, que solo engrosa la alarmante cifra de accidentabilidad nacional. Tengan en cuenta que la omisión estatal en adoptar medidas de seguridad, así como la de quienes ejecutan la obra, no los exime de responsabilidades legales en caso de ocurrir accidentes.