¿Qué cambió?

Carlos Arellano

Tras 18 días de violentas manifestaciones, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y varios representantes del gobierno del presidente Guillermo Lasso firmaron un “acta de paz” que concretó varios acuerdos que permitieron terminar –por el momento- las violentas manifestaciones que provocaron la muerte de al menos nueve personas y cientos de heridos.

Como se esperaba, el incremento de 15 centavos en el subsidio a las gasolinas (representado en la reducción del precio de venta al público) no frenó la escalada de precios. Los dirigentes de las organizaciones sociales, al entender que de poco sirvieron las manifestaciones que lideraron, intentaron ampliar la condonación de deudas vencidas de Banecuador de hasta $10000, lo que hubiese representado un atentado a la estabilidad de la banca pública y un millonario subsidio sin fuentes de financiamiento.

Pero, al mismo tiempo, los peticionarios exigen mayores subsidios y demandan el cese de la ampliación de las zonas destinadas a la explotación minera y petrolera. ¿Cómo financiar un mayor gasto sin contar con los recursos necesarios?

Posiblemente el no aceptar los chantajes impuestos en las mesas de negociación podría acarrear nuevas movilizaciones a nivel nacional. ¿Cuántos miles de empleos se perderían con un nuevo paro nacional? ¿El país podrá sobrellevar una nueva paralización que probablemente provoque muertes, heridos, atentados a la propiedad pública/privada y más? ¿La más reciente manifestación logró frenar la inseguridad, dotar de mayor presupuesto a la educación superior y corregir el paupérrimo estado del sistema nacional de salud?

Las manifestaciones de octubre de 2019 y junio de 2022 jamás mejoraron las condiciones de vida de los ecuatorianos. ¿Qué provocaron? Mayor desempleo, pobreza y quebrantaron aún más el tejido social.

Con varias organizaciones políticas y sociales que apuestan por romper el orden constitucional para imponer un modelo que perdió en las urnas, sumado a un gobierno incapaz de dar respuestas, ¿es posible llegar a consensos que permitan atender las urgentes necesidades de los ecuatorianos?