Una vez que la Corte Constitucional califica como constitucionales las preguntas enviadas por el Ejecutivo para ser consultadas a los ecuatorianos conjuntamente en las elecciones del 2023, me vienen algunas reflexiones: voy a referirme a la pregunta tres, donde la gran mayoría de ecuatorianos y dada la popularidad y legitimidad que tiene la Asamblea Nacional (de promover intereses partidistas, de bloquear propósitos nacionales y experta en echar abajo los verdaderos objetivos de país) considerará muy seriamente la respuesta a esta pregunta.
La pregunta expresa: ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes…. El resto de la pregunta se explica por sí sola.
La decisión en esta pregunta busca reducir la burocracia inoperante de la Asamblea Nacional, de los que se duermen, y esperan que los jefes de bloque les digan que hacer. Me preocupa realmente que permanezca un efecto.
Por ejemplo: las provincias más pequeñas del Ecuador como Tungurahua y Cañar de acuerdo con el criterio de la pregunta tendrían derecho a 3 asambleístas cada una, y las provincias más grandes como Guayas y Pichincha tendrían entre 18 y 10 asambleístas respectivamente, debido a la concentración poblacional.
Antes o después del referéndum seguiremos en relaciones de inequidad, no porque podamos aspirar a asambleístas de calidad y no de cantidad, sino que las leyes se reducen a votos. Me preocupa que las provincias no tengamos oportunidades de contar con leyes que amplíen las oportunidades sobre todo productivas, comerciales, de internacionalización de productos, que nos sometamos a la odiosa fragmentación de los más grandes y del bicentralismo tan criticado. Los cambios para dejar de tener una Asamblea pesada y deslegitimada es una necesidad imperiosa, pero al mismo tiempo, es importante darle valor a nuevos mecanismos que reduzcan las desigualdades en la toma de decisiones para canalizar leyes, que nos den certeza que el país es para todos y todas.