El decir que la corrupción en el Ecuador está más que normalizada no es ninguna novedad. Sin embargo, la mayoría de espacio en las planas de los diarios parece ser que concierne únicamente al gobierno nacional y a las autoridades de las dos ciudades más importantes del país, Quito y Guayaquil. Denuncias de casos de corrupción de la alcaldesa Cynthia Viteri, y el ahora ya ex alcalde, Jorge Yunda, no dejaban de aparecer con constancia. Aunque solo en un caso estas denuncias tuvieron efectos, de forma curiosa.
La concentración de estas denuncias parecería indicar que solo en estas ciudades se parecen suscitar los casos de corrupción. Es por ello la sorpresa que planteó a nivel local lo ocurrido el día martes en la provincia de Santo Domingo, se allanó la prefectura y la casa de la prefecta por una investigación de presunto peculado.
Para este servidor, estas investigaciones resultan una gran noticia. En la provincia Tsáchila no se siente una mejora auténtica en años respecto a gobernabilidad, desarrollo, o disminución de la corrupción. Es vox populi que la corrupción en la provincia está cada vez más institucionalizada, ayudada por la falta de gobernabilidad a nivel nacional. Empero, parece ser que nadie menciona nada en los principales medios de la provincia. En plena pandemia, únicamente el ahora asambleísta Fernando Villavicencio se atrevió a denunciar el vergonzoso sobreprecio de los terrenos que el alcalde pretendía utilizar para la construcción de un cementerio municipal, sobreprecio que alcanzaba el 200 %. Lejos de eso, la provincia vivía en un estado de letargo respecto al actuar ético de sus gobernantes, acompañado por la muy cuestionable colaboración de los actuales mandatarios con los principales medios de comunicación locales. ¿Resultaba ético hacer campaña incluso un año antes de las elecciones para la alcaldía? ¿O permitir realizar un programa de “beneficencia” de un actual mandatario?