Pacto fiscal

Ángel Polibio Chaves

A la hora de elaborar la proforma presupuestaria, los ingresos previstos no alcanzan a cubrir los egresos, por lo que se debe recurrir a dos arbitrios: contraer nuevas deudas o incrementar la recaudación tributaria y, esto último, a través de la creación de nuevos impuestos o contribuciones.

Así, el Gobierno Nacional ha planteado un proyecto de ley en virtud del cual se plantea el pago de una contribución temporal y una modificación en la tabla base de recaudación del impuesto a la renta, lo que ha motivado la reacción de ciertos sectores medios de la población que consideran inadecuado incrementar su carga impositiva, pues reduciría su capacidad de consumo, lo que afectaría a la demanda de bienes y servicios que provee un sector empresarial que hoy más que nunca necesita sustentar su reactivación en el mercado local; éste por su parte, tampoco está de acuerdo con aumentar su aporte impositivo, menos aún si se trata de un gravamen patrimonial.

No obstante, este sector ha manifestado que estaría dispuesto a pagar esa contribución temporal, siempre que, más adelante, la puedan utilizar para el pago de sus obligaciones y con la condición que lo recaudado no se destine a gasto corriente, para lo que han planteado la necesidad de arribar a un pacto fiscal.

Hace algunos meses me había permitido señalar como prioridad del Gobierno imprimir estabilidad a la situación del país: estabilidad en lo social, en lo político y en lo económico, esto último implicaría mantener las reglas tributarias por lo menos por el período presidencial, lo que debe considerarse en el pacto planteado, pero la condición de la reducción del gasto público,  no puede en modo alguno implicar despidos masivos, que han sido señalados como sinónimo de eficiencia en el gasto, pues ello afectaría  al equilibrio social, que es fundamental precautelar.