Brenda Valdivieso Vélez
Muy raras veces, Ecuador se menciona en noticieros internacionales. Los acontecimientos de nuestro país resultan frecuentemente en último lugar dentro de la lista de noticias mundiales. Sin embargo, los últimos años han sido una excepción en cuanto a la situación carcelaria ecuatoriana.
El 23 de febrero de 2021 Ecuador y el mundo vieron absortos el episodio de violencia carcelaria más sanguinaria registrada en la historia del país. Ochenta personas asesinadas de forma casi sincrónica en las tres principales cárceles. Este hecho, más allá del número, se destacó por la crueldad de los acontecimientos (decapitaciones, mutilaciones, etc.) y la reproducción viral de imágenes a la sociedad. El pasado lunes, 09 de mayo de 2022 se produjo un nuevo amotinamiento en el Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo de los Tsáchilas, desencadenando otro fatídico episodio que renueva el debate sobre la violencia y la falta de control por parte del Estado en el sistema penitenciario del país.
En realidad, esta violencia carcelaria parece ser el punto más alto de una serie de eventos de similares características que se han venido generando desde hace casi dos décadas en que el sistema de rehabilitación social ecuatoriano atraviesa una crisis, cuya causa yace en una política criminal mal encaminada: puesto que una persona privada de la libertad al encontrarse en un sistema que lejos de rehabilitarla, la perfecciona para el mundo delincuencial, pasa de apreciar el valor de la libertad a encontrar un sistema de supervivencia; a lo que se suma, el hecho de que la administración carcelaria nunca ha sido puesta en la capacidad de ofrecer un manejo adecuado del aumento de personas privadas de la libertad, lo cual se convierte en la realidad que hoy enfrentamos.
Por lo tanto, rehabilitar el sistema: aplicar políticas estatales con visión criminológica y combatir la mafia penitenciaria, es necesario por parte del Estado ecuatoriano para responder a la sociedad que, en este momento, clama por más seguridad, coherencia y garantía real de derechos.
Una vez más, es tiempo de teorizar menos y pasar a la praxis de políticas criminales.